El proyecto de ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (expediente 17.742), que pretende reformar a la Ley de Aguas, fue presentado en mayo del 2010 por iniciativa popular (permite a los ciudadanos enviar proyectos de ley directamente a los legisladores), es decir, lo respaldan más de 150 mil firmas de ciudadanos o su equivalente al 5% del padrón electoral, dicha condición señala que los diputados cuentan con un total de 730 días para votarlo, lo que significa que el plazo de votación vence el 4 de mayo de este año.
La actual Ley de Aguas fue promulgada en 1942, tiene 72 años de creada, para un tiempo en que la sociedad costarricense era rural, con una población de unas 600 mil personas y la base económica era agrícola y ganadera, además se consideraba al agua como un bien inagotable.
Reseña
La actual ley fue producto de las corrientes jurídicas de la primera mitad del siglo XX y emitida en un contexto socioeconómico y ambiental muy diferente al actual. En estos tiempos la realidad es otra, un país con casi 5 millones de habitantes, donde la industria, el turismo y los servicios se convirtieron en la principal fuente de ingresos, pero el agua sigue siendo el motor del desarrollo nacional.
Desde hace más de 10 años se han presentado diversos proyectos a la Asamblea Legislativa para actualizar la ley, sin embargo hasta la fecha no se ha logrado avance. La iniciativa busca, entre otras cosas, aumentar los cánones por uso comercial del líquido, establecer mayores medidas de protección a los mantos acuíferos, plantea la reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano.
En Costa Rica, desde la promulgación del Código de Minería de 1982, se establece que el recurso hídrico es un bien de dominio público, lo que significa que su aprovechamiento es controlado por el Poder Ejecutivo y que cualquier persona física o jurídica debe solicitar una concesión, es así como la Dirección de Aguas, dependencia del MINAE, rector de aguas del país, mantiene un registro de las concesiones y cobra un canon de aprovechamiento en función del volumen concesionado.
Según el Viceministro de Agua y Mares, José Lino Chaves, en Costa Rica existen alrededor de 15 instituciones que se relacionan de alguna forma con el recurso hídrico, pero hay dispersión en las acciones y hasta controversias por sus funciones, lo que ha resultado en una deficiente gobernabilidad del recurso hídrico.
“Temas como el área de protección de las nacientes, las sanciones administrativas y penales, el cobro de cánones, el manejo del recurso por medio de la administración de cuencas, la centralización institucional del manejo del recurso hídrico y otros, deben ser acordados oyendo a nuestros productores, de tal manera que la legislación sea operativamente funcional y en beneficio de todos”, expresó Chaves.
El aumento de la población, el crecimiento urbanístico e industrial, así como la intensificación de las actividades agrícolas y pecuarias han generado un aumento en la cantidad de desechos que se descargan a los cuerpos de agua, materiales que van desde sedimentos, aguas negras, desechos industriales y agropecuarios, agroquímicos y desechos sólidos, forman parte de la contaminación que se vive hoy en día.
Nuevas disposiciones de la Ley Gestión Integral del Recurso Hídrico
- Aclara que el agua es finita y que tiene un precio.
- La asignación del recurso hídrico se realizará a partir de la oferta existente en la zona.
- Se deberá realizar un plan hidrológico nacional y planes hidrológicos regionales.
- Se da una nueva priorización de uso por cuenca.
- Regularización de humedales, reutilización de agua y aguas subterráneas, así como sus sanciones.
- Promoción de alianzas público – privadas.
- Da prioridad al agua para consumo humano y no para industria.
- Integra la variable de cambio climático.
Marcela Rojas C. Periodista
